Francina Armengol, nombrada presidenta del Congreso de los Diputados gracias al apoyo de Junts y ERC, anunció en su primer discurso que las lenguas cooficiales reconocidas en la Constitución podrían utilizarse "desde ya" en la Cámara Baja. Con el anuncio, Armengol puso en marcha uno de los compromisos que llevaron a los independentistas a apoyar al PSOE en la votación de la Mesa del Congreso, pero también emprendió un camino que no parece coser y cantar. 

Fuentes cercanas a la presidenta admiten que todavía no está "muy claro" cuál será el proceso para que los diputados puedan utilizar el euskera, el gallego y el catalán en sus intervenciones. Lo que sí es seguro es que el primer paso será tratar de "consensuar al máximo" este cambio con las diferentes fuerzas parlamentarias e intentar que se lleve a término "lo más rápido posible". "La lengua no tiene que ser un problema, sino una manera de abrazar la riqueza del país con normalidad absoluta. Si el problema que lo impide es técnico, se soluciona",  señalan las mencionadas fuentes. 

Una ley orgánica para oficializar las lenguas cooficiales

Una de las vías posibles para llevar a buen puerto esta reforma es la que ERC pactó con el PSOE horas antes de votar la Mesa del Congreso. Según declaró el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, los socialistas se comprometieron a confeccionar una ley orgánica que abra paso al uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales y en las instituciones del Estado (esto incluiría también a la Justicia). 

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Quedaría por tanto avalado el uso del gallego, el catalán y el euskera en el Congreso, lo cual requeriría una adaptación técnica de la Cámara para habilitar la traducción simultánea. El mismo día en que se alcanzó este acuerdo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, remitió una carta a la presidencia del Consejo de la Unión Europea solicitando la incorporación de estas tres lenguas en el régimen lingüístico de la UE, atendiendo en esta ocasión a una demanda de Junts per Catalunya. 

¿Es necesario cambiar el reglamento del Congreso?

Una de las dudas que suscita el cambio que Armengol pretende instaurar en la Cámara baja reside en el reglamento que rige la institución. Ninguno de los más de 200 artículos que contiene esta normativa alude a la prohibición o permisión de las lenguas cooficiales. En ningún momento el reglamento obliga expresamente a utilizar el castellano. 

Por el contrario, concede a la presidencia la potestad de interpretar el texto en caso de omisión, de forma que la propia Armengol podría permitir el uso de estas lenguas. Sin embargo, la admisión por parte de la presidenta de la utilización del euskera, el gallego y el catalán no blindaría su oficialización en cuando Armengol sea sucedida en el cargo en un futuro. 

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El magistrado Joaquim Bosch señala a 20minutos que, efectivamente, "no hay ninguna prohibición en la Constitución, en las leyes o en el reglamento del Congreso para hablar en lenguas cooficiales". Tal y como explica, "hasta ahora la Presidencia no lo ha permitido en base a su potestad, pero un cambio en la actitud de la nueva presidenta, que ya se ha confirmado, puede permitir su uso". 

La cuestión es que hay varios derechos en juego que deben compatibilizarse: el de los parlamentarios que quieran expresarse en su propia lengua y el de los que escuchen estos discursos, que deben poder entenderlos. A juicio de Bosch, para "garantizar" estos derechos lo más oportuno sería "implementar una reforma en el reglamento" que no solo abarque las intervenciones parlamentarias, sino que regule además la presentación de escritos. 

El precedente del Senado

Para implementar el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, sería razonable mirar al Senado, "el precedente más claro", según subraya Joaquim Bosch. La Cámara Alta, a la que se encomienda la representación territorial, ha ido implementando paulatinamente esta posibilidad. En 1994 se llevó a cabo un cambio en el reglamento para que el presidente de la Cámara pudiese hablar en estas lenguas durante su intervención en la sesión constitutiva y para que se habilitase su uso en los debates sobre el Estado de las autonomías y en los escritos que las ciudadanos e instituciones se dirigen al Senado. 

En 2005 se volvió a modificar la normativa para permitir el empleo de estas lenguas en las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas. Se dio pie además a publicar textos en gallego, euskera y catalán en la sección de la Cámara Alta del BOE. Y, finalmente, se llevó a cabo una última reforma que avaló la utilización de estas lenguas en la defensa de mociones ante el Pleno y en los escritos registrados en la Cámara. 

Cualquier reforma del reglamento del Congreso requerirá, en todo caso, la elaboración y tramitación parlamentaria de una ley orgánica. De forma que el blindaje de estas lenguas en la Cámara Baja podría no ser inmediato, si bien la Mesa presidida por Francina Armengol tiene la potestad de habilitar su uso mientras una eventual modificación legal se lleva a término. 

Además, la reforma legal debería contemplar la introducción de un equipo técnico y humano que permitiese la traducción simultánea de los discursos pronunciados en las lenguas cooficiales, tal y como sucede en las instituciones de la UE y en los parlamentos de algunos países europeos, como Suiza. 

Este es, de hecho, el ejemplo más significativo de la convivencia de varias lenguas en una misma institución dentro de un Estado europeo. Las cuatro lenguas oficiales de Suiza -el alemán, el francés, el italiano y el romanche- pueden usarse en el Parlamento, que cuenta con un servicio de traducción simultánea. Otros ejemplos son el de Bélgica, donde los 150 diputados se dividen en dos grupos lingüísticos -el francófono y el neerlandófono-, y el de Canadá, en cuyo Parlamento están habilitados el francés y el inglés.